Ciudad de México.- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ha iniciado un proceso de revisión de pensiones ante la detección de pagos que exceden el límite legal de 32 mil 571 pesos mensuales. Según informó el director general del ISSSTE, Martí Batres, esta medida busca corregir abusos detectados y asegurar que ninguna pensión sobrepase el monto máximo establecido por la ley.
El 8 de noviembre, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó un acuerdo impulsado por Batres que establece el procedimiento para verificar y corregir las pensiones irregulares. De acuerdo con el documento, el ISSSTE podrá ordenar en cualquier momento la revisión de documentos y justificantes que respaldan la asignación de cada pensión. En caso de detectar documentos falsos o irregularidades administrativas, el instituto se encargará de revocar las pensiones infladas y de presentar denuncias ante el Órgano Interno de Control y el Ministerio Público Federal.
La medida responde a un esquema fraudulento detectado en junio, en el cual, presuntamente, trabajadores en activo y exservidores del ISSSTE, en complicidad con abogados y la Junta Laboral Federal, manipulaban los laudos para aumentar las pensiones de manera ilícita. A raíz de estas investigaciones, el ISSSTE ha logrado recuperar 887 millones de pesos y ha aplicado más de mil sanciones a servidores públicos y empresas implicadas, así como 57 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y 17 carpetas de investigación en proceso.
Entre las medidas, el ISSSTE también ordenó a su Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales realizar una auditoría exhaustiva sobre las condiciones laborales de los pensionados, incluyendo el tiempo de servicio cotizado, el sueldo base y los incrementos aplicados. De encontrar inconsistencias, procederán a modificar o revocar el monto de la pensión.
Desde el Senado, algunas voces han expresado su respaldo al esfuerzo por corregir las pensiones excesivas, aunque también señalaron la importancia de evitar injusticias. La senadora priista Claudia Anaya enfatizó que las sanciones deben dirigirse a los servidores públicos responsables y no a los pensionados, quienes, según explicó, no son responsables de decisiones administrativas pasadas. La legisladora también instó a revisar a fondo los procedimientos de autorización de pensiones para evitar abusos futuros.
Por su parte, la senadora Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, advirtió que el proceso debe realizarse sin perjudicar a los pensionados, ya que hasta ahora no se han confirmado todas las irregularidades. En su declaración, Barrales expresó su preocupación por la incertidumbre que estas acciones han generado entre los pensionados del ISSSTE, señalando que es esencial proporcionar claridad sobre sus derechos y la continuidad de sus ingresos.
Con esta iniciativa, el ISSSTE busca corregir uno de los principales problemas que afectan sus finanzas, recuperando montos desviados y ajustando pensiones fuera de los límites legales. Sin embargo, la medida ha generado preocupación en diversos sectores sobre el posible impacto en los ingresos de miles de pensionados que dependen de estas retribuciones para su sustento diario.
