El pasado martes 25 de febrero de 2025, autoridades de los tres niveles de gobierno llevaron a cabo un operativo en la Zona Norte de Tijuana, resultando en el retiro de 86 cámaras de vigilancia instaladas sin autorización en postes de luz, teléfonos y árboles en áreas públicas. El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Baja California, General Laureano Carrillo Rodríguez, informó que estas acciones buscan asegurar que únicamente las cámaras oficiales del C5 estén operativas en la vía pública.
«El retiro de las cámaras es parte de la estrategia que tenemos planteada. Lo que se pretende es retirar las cámaras que se encuentran en lugares públicos, principalmente en los postes de luz, en los postes de teléfonos, en los árboles, en lugares donde el único control debe ser del Estado», explicó el General Carrillo Rodríguez.
Las cámaras retiradas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado para su análisis e investigación, con el objetivo de determinar su procedencia y posibles vínculos con actividades ilícitas. Aunque no se ha confirmado la relación de estos dispositivos con grupos delictivos, las autoridades buscan garantizar que no sean utilizados para monitorear movimientos de las fuerzas de seguridad o de la ciudadanía con fines ilegales.
Este operativo se suma a esfuerzos anteriores en la región. En noviembre de 2024, se retiraron 269 cámaras de videovigilancia posiblemente vinculadas al crimen organizado en Baja California, distribuidas en Tecate, Tijuana y Mexicali. A nivel nacional, la Secretaría de Marina ha desmantelado casi 500 cámaras no autorizadas en seis estados desde agosto de 2024, como parte de una estrategia para combatir la delincuencia organizada.
Las autoridades reiteran que estas acciones no afectan a los ciudadanos que cuentan con cámaras de seguridad en sus domicilios para protección personal. El enfoque está en desmantelar sistemas de videovigilancia instalados en espacios públicos sin autorización oficial, asegurando que el control de estos dispositivos permanezca en manos del Estado para garantizar la seguridad y privacidad de la comunidad.
Fotografías: Luis Bautista
