En un llamado enfático por garantizar los derechos humanos y erradicar prácticas institucionales que revictimizan a quienes han sufrido delitos, la diputada local Yohana Sarahí Hinojosa Gilvaja presentó un punto de acuerdo ante el Congreso del Estado para exhortar a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a implementar acciones inmediatas.
Durante la sesión ordinaria del martes 15 de abril, Yohana Hinojosa señaló que existen denuncias sobre malos tratos en la Fiscalía y presuntos abusos cometidos por elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), particularmente en Playas de Rosarito, donde se ha documentado el caso de una joven presuntamente extorsionada tras la revisión arbitraria de su teléfono móvil por parte de policías.
La diputada, integrante de la XXIV Legislatura, subrayó la importancia de brindar una atención digna y profesional a las víctimas desde el primer contacto con las autoridades. En ese sentido, hizo un llamado a la titular de la FGE, María Elena Andrade Ramírez, a implementar programas permanentes de capacitación para agentes del Ministerio Público, enfocados en la atención con perspectiva de género y el trato diferenciado a personas en situación de vulnerabilidad.
“Es inaceptable que quienes buscan justicia deban enfrentarse a largas esperas, condiciones inadecuadas y un trato que, en muchos casos, carece de empatía. Debemos poner fin a la revictimización institucional”, afirmó Gilvaja.
Asimismo, urgió al secretario de Seguridad Ciudadana, General Brigadier Laureano Carrillo Rodríguez, a investigar a fondo los casos señalados y a considerar incluso las denuncias hechas en redes sociales como noticias criminales, siempre que refieran posibles hechos delictivos.
El exhorto también incluye una solicitud para que ambas instituciones informen al Congreso del Estado sobre las medidas que se están tomando para atender estas problemáticas, así como la entrega de un informe detallado por parte de la SSC sobre su plan de trabajo actual.
La propuesta fue respaldada de forma unánime por las y los legisladores presentes, lo que marca un paso importante hacia el fortalecimiento de la transparencia, la rendición de cuentas y la defensa efectiva de los derechos de la ciudadanía en Baja California.
Fotografías: Cortesía
