PROPONEN SANCIÓN PENAL POR CREAR O DIFUNDIR CONTENIDO FALSO GENERADO CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Ante el creciente uso indebido de herramientas tecnológicas para generar contenido falso, la diputada Araceli Geraldo Núñez presentó una iniciativa de reforma al Código Penal de Baja California que busca sancionar penalmente a quienes utilicen inteligencia artificial (IA) para manipular imágenes, videos o audios con fines de afectación a la intimidad y dignidad de las personas.

La propuesta establece que se impondrá una pena de uno a seis años de prisión y multas de hasta mil quinientas unidades de medida y actualización (UMAs) a quien, mediante el uso de IA, altere o cree contenidos con apariencia real que incluyan material íntimo de carácter sexual, sin el consentimiento de la persona involucrada, con el objetivo de exhibir, distribuir o difundir dichos materiales.

La legisladora señaló que tecnologías como el deep learning permiten a los sistemas aprender por sí mismos a partir de grandes volúmenes de datos, reproduciendo comportamientos humanos como el reconocimiento de voz, el procesamiento del lenguaje natural y la identificación de imágenes. Esta capacidad, dijo, ha dado paso al desarrollo de los llamados deepfakes, contenidos manipulados que pueden hacer parecer que una persona ha dicho o hecho algo que nunca ocurrió.

“Los avances tecnológicos han transformado la forma en que se ejercen y se vulneran derechos fundamentales. Por ello, es urgente que las leyes se adapten a esta nueva realidad, particularmente para proteger la privacidad, la intimidad y la imagen de las personas”, advirtió Geraldo Núñez.

La iniciativa también alerta sobre los riesgos que los deepfakes representan para la vida democrática, al facilitar la difusión de información falsa con apariencia de veracidad, lo que puede afectar la confianza pública, dañar reputaciones e incluso influir en procesos electorales o decisiones sociales.

El planteamiento legislativo propone que el uso de inteligencia artificial para fines maliciosos no solo sea regulado éticamente, sino también penalmente, generando un marco jurídico que se anticipe a los efectos adversos de esta tecnología en la vida privada y en el espacio público.

La propuesta será turnada a comisiones para su análisis y eventual dictaminación en el Congreso del Estado.

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