Sandra Estéfana Domínguez Martínez era una abogada indígena mixe y defensora de derechos humanos de Oaxaca. Su voz valiente la convirtió en símbolo para muchas mujeres: “siempre será reconocida como una defensora incansable”, aseguran sus familiares. Como defensora Ayuuk, “abrazó la defensa de su pueblo y de todas las mujeres indígenas que sufrían violencias o discriminación”. En 2021 expuso públicamente al entonces precandidato de Morena, Humberto Santos, quien había creado el chat clandestino “Sierra XXX” para difundir fotos íntimas de mujeres indígenas. Dos años después reveló otra red de funcionarios estatales (“Mega Peda”) con el mismo modus operandi. Por estas denuncias sufrió hostigamiento: recibió mensajes anónimos y llamadas intimidatorias (“Bájale, deja de estar molestando”) para silenciarla.
DESAPARICIÓN Y HALLAZGO
Sandra Domínguez desapareció en la primera semana de octubre de 2024 junto a su esposo, Alexander Hernández. La Fiscalía de Oaxaca reportó que ambos fueron vistos por última vez el 8 de octubre de 2024 en María Lombardo de Caso, una comunidad mixe cercana a Veracruz. Tras más de medio año de búsqueda, la FGEO anunció este lunes 28 de abril de 2025 que había localizado sus cuerpos en fosas clandestinas en el municipio de Santiago Sochiapan, Veracruz, casi en la frontera con Oaxaca. Un operativo del 24 de abril encontró dos tumbas en un predio rural; los restos fueron trasladados al servicio médico forense, que confirmó la identidad de Domínguez y Hernández. Durante la investigación se halló la camioneta de la pareja abandonada en Playa Vicente (Veracruz) y el teléfono de Sandra en otra localidad veracruzana a fines de octubre de 2024.
Oficialmente, la Fiscalía atribuye el hecho al crimen organizado local: “las líneas de investigación apuntan a que fueron integrantes de células delictivas que operan en el estado de Veracruz. Sin embargo, familiares y colectivos apuntan a un móvil político: Sandra había advertido públicamente el comportamiento misógino de funcionarios. Desde el inicio, su caso reflejó la impunidad estructural: tras su denuncia de los chats, miembros del gobierno estatal minimizaron o negaron los hechos. Su hermana Kisha denunció ante el gobernador que la omisión institucional es “otra forma de violencia” y subrayó que “sin la exigencia de la sociedad no hay compromiso real del Estado”.
VOCES DE FAMILIA Y SOCIEDAD
La noticia del hallazgo conmovió y enojó a la comunidad. En una conferencia en Oaxaca, la familia Domínguez Martínez exigió justicia con firmeza. Kisha proclamó: “Ya estamos con Sandra, pero no como soñábamos”, entre lágrimas, tras 206 días de angustia. Recordó el legado de su hermana: “Levantó su voz por la dignidad de todas, poniendo su propia vida en riesgo”. Su madre Aracely, visiblemente molesta, gritó: “¡Quiero que me regresen a mi hija!”. Integrantes de organizaciones civiles (Consorcio Oaxaca, Frente Sol Rojo, entre otras.) acompañaron a la familia, denunciando la constante “revictimización y criminalización” que sufren las víctimas y sus buscadores en la entidad. En ese sentido, afirmaron que Sandra “no fue solo una víctima de este sistema de violencia e impunidad: será siempre reconocida como una defensora incansable”.
Distintas voces condenaron el caso. Colectivos feministas y de derechos humanos solicitaron más recursos en la búsqueda de desaparecidos e instaron a autoridades a actuar con perspectiva de género. Por ejemplo, Yésica Sánchez Maya (Consorcio Oaxaca) anunció que se realizaría un homenaje póstumo para Sandra, reconociendo su aporte como defensora. En redes sociales y manifestaciones, la exigencia fue unánime: se repitió el reclamo de Sandra, que “exhibió lo que muchos intentaron ocultar”, y la denuncia de que sin presión social “no hay compromiso real del Estado”.
El caso de Sandra Domínguez ilustra la profunda vulnerabilidad de las defensoras en México y la urgencia de romper el silencio institucional. La sociedad mexicana, desde Tijuana hasta Oaxaca, observa con consternación y exige que su muerte no quede impune.
Fotografías: Cortesía
