Con el objetivo de avanzar hacia una democracia más incluyente y representativa, la diputada Michelle Tejeda presentó una iniciativa de reforma a la Ley Electoral del Estado de Baja California, orientada a asegurar la participación efectiva de personas con discapacidad en los procesos electorales y el acceso a cargos públicos.
Desde la tribuna del Congreso del Estado, la legisladora destacó que esta propuesta legislativa es resultado directo de la consulta estatal realizada a personas con discapacidad, un ejercicio participativo que reunió las voces de aproximadamente mil 200 personas de distintos municipios. La consulta se llevó a cabo con materiales accesibles, intérpretes de lengua de señas mexicana y espacios adaptados para diversas condiciones, garantizando así la inclusión activa de este sector de la población.
“Esta no es una cuota, es una acción afirmativa derivada de un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su objetivo es claro: que al menos una fórmula registrada por los partidos políticos para ayuntamientos y el Congreso local incluya a una persona con discapacidad”, explicó Tejeda.
La iniciativa también contempla una obligación para el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) de diseñar y aplicar protocolos de accesibilidad electoral que permitan la participación plena de las personas con discapacidad, tanto como votantes como candidatas y candidatos, en condiciones de igualdad.
La diputada enfatizó que esta reforma encuentra sustento no solo en la Constitución, sino también en tratados internacionales firmados por México, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, la cual reconoce su derecho a participar en la vida política y pública.
“Estamos construyendo una democracia más justa, más equitativa e inclusiva. Esta propuesta es producto de las voces reales de quienes históricamente han sido excluidos del debate público. Su aprobación representaría un avance tangible en el reconocimiento de sus derechos políticos”, afirmó.
Tejeda concluyó su intervención reiterando que la inclusión no es una concesión, sino un derecho, y que plasmar este principio en la legislación es un paso firme hacia la equidad y la representación efectiva de todas las personas en la vida pública de Baja California.
