El Congreso del Estado aprobó de manera unánime una reforma que otorga al Instituto de la Juventud de Baja California (INJUVE) la atribución legal expresa para brindar atención psicológica a las y los jóvenes de la entidad, una función que ya venía desarrollando en la práctica, pero que ahora será reconocida formalmente en la legislación estatal.
La iniciativa, impulsada por la diputada Liliana Michel Sánchez Allende, fue dictaminada por la Comisión de Bienestar, Derecho de la Niñez, Juventudes, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, y sometida al Pleno como parte del dictamen número 30. Con 23 votos a favor y sin oposición, el Congreso respaldó el cambio legal que busca fortalecer las medidas de apoyo a la salud mental juvenil en la entidad.
De acuerdo con la legisladora proponente, si bien la Ley de la Juventud del Estado reconoce el desarrollo integral de las juventudes como un derecho, es indispensable incluir de manera explícita la facultad del INJUVE para ofrecer atención psicológica como parte de sus atribuciones. Esto permitirá asegurar la asignación de recursos programáticos y presupuestarios destinados específicamente a este servicio.
La comisión legislativa argumentó que la reforma está sustentada en diversos artículos constitucionales a nivel federal y estatal, y subrayó que responde a una necesidad urgente: atender de manera institucional los problemas de salud mental que afectan a miles de jóvenes bajacalifornianos.
“La salud mental debe dejar de ser una labor secundaria o sujeta a interpretación administrativa. Con esta reforma, se garantiza su atención como parte integral de las políticas públicas de juventud en Baja California”, destacó Sánchez Allende durante la presentación de la iniciativa.
La reforma cobra especial relevancia en un contexto donde la salud mental de la población joven se ha visto particularmente afectada por factores como la pandemia, la violencia social, la presión académica y la incertidumbre laboral. Al incluir la atención psicológica dentro del marco legal del INJUVE, se abren nuevas posibilidades para diseñar programas focalizados y garantizar el acceso a servicios especializados.
El dictamen será remitido para su publicación en el Periódico Oficial del Estado, tras lo cual entrará en vigor como parte del marco legal vigente en Baja California.
