PROPONE DIPUTADO HUMBERTO VALLE REFORMA PARA COMBATIR EXTORSIÓN EN BC

El diputado Adrián Humberto Valle Ballesteros, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó este miércoles un posicionamiento en tribuna para respaldar su iniciativa de reforma al Código Penal del Estado, con la que busca que el delito de extorsión se persiga de oficio, sin necesidad de que las víctimas presenten una querella formal.

Durante su intervención en el Congreso local, Valle Ballesteros señaló que la propuesta no surge de una reflexión aislada, sino que responde a las solicitudes directas de empresarios, comerciantes y emprendedores que han manifestado su preocupación por el incremento sostenido de actos de extorsión en la entidad.

“Se trata de una práctica sistemática, no aislada, que está afectando el desarrollo económico local y debilitando la confianza de la ciudadanía en las instituciones de seguridad y procuración de justicia”, expresó.

Actualmente, el Artículo 224 del Código Penal local exige que exista una querella previa para que las autoridades puedan iniciar un procedimiento penal por extorsión. Ante ello, el legislador propone que se modifique dicha disposición para permitir que las autoridades actúen de inmediato al tener conocimiento del delito, sin poner en riesgo a la víctima al obligarla a presentar una denuncia.

Valle consideró que esta reforma representaría un paso firme contra la impunidad, y permitiría fortalecer el estado de derecho, al brindar herramientas legales eficaces para frenar este delito.

El diputado hizo un llamado a sus compañeras y compañeros legisladores a respaldar la iniciativa, al considerar que es urgente actuar con decisión ante un problema que vulnera tanto la seguridad como la economía local.

“Es momento de dar pasos firmes contra la extorsión y devolverle a la ciudadanía la confianza en sus instituciones”, afirmó.

Finalmente, sostuvo que su propuesta es coherente con el principio pro persona de la Constitución, con el derecho a una justicia efectiva, y con los criterios de la Suprema Corte y de organismos internacionales, que exigen al Estado intervenir con diligencia cuando la vida o integridad de las personas está en riesgo.

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