El asesinato de una mujer de 39 años en el interior del Hospital General de Tijuana, ocurrido el pasado 21 de mayo, fue resultado directo de una falla en el protocolo de seguridad, reconoció la Fiscal General del Estado, María Elena Andrade Ramírez.
Según la titular de la FGE, el presunto homicida ingresó al hospital horas antes del ataque sin que se activaran los mecanismos de protección pertinentes, a pesar de que la víctima se encontraba hospitalizada bajo custodia oficial.
“Hubo una omisión grave, ya que en las grabaciones del sistema de videovigilancia se aprecia que la mujer estaba sin vigilancia al momento del crimen”, detalló Andrade Ramírez, al confirmar que los agentes encargados de su custodia ya se encuentran bajo investigación.
EL PRESUNTO ASESINO PODRÍA SER MENOR DE EDAD
Por su parte, el fiscal especializado en homicidios, Miguel Ángel Gaxiola, indicó que el presunto agresor podría tratarse de un menor de edad, aunque su identidad aún no ha sido confirmada de forma oficial.
Las indagatorias apuntan a que víctima y victimario se conocieron en un contexto relacionado con el narcomenudeo, actividad que ambos habrían compartido, según declaraciones proporcionadas por familiares.
“El joven había estado en el domicilio de la víctima una semana antes del ataque. Todo indica que mantenían un vínculo derivado de actividades ilícitas”, explicó Gaxiola.
VIOLENCIA QUE ALCANZA ESPACIOS DE ATENCIÓN MÉDICA
El crimen, perpetrado dentro de una institución de salud pública, ha generado un fuerte cuestionamiento sobre los vacíos de seguridad en espacios que deberían estar blindados, especialmente cuando se trata de pacientes en resguardo judicial.
El caso se suma a otros episodios recientes que reflejan la creciente penetración del crimen organizado en zonas consideradas seguras, como hospitales o juzgados, lo que pone bajo escrutinio los protocolos de actuación de fuerzas de seguridad en Baja California.
La Fiscalía aseguró que continuará con las investigaciones hasta deslindar responsabilidades tanto penales como administrativas. Por ahora, el caso se mantiene abierto y en proceso de judicialización.
Fotografías: Luis Bautista
