En un intento por fortalecer los mecanismos de control político y administrativo en Baja California, la diputada María Yolanda Gaona Medina propuso una reforma constitucional que impediría acceder a cargos de elección popular a personas sancionadas por delitos de corrupción o faltas administrativas graves.
La iniciativa busca modificar dos artículos de la Constitución local para establecer como requisito de elegibilidad que los aspirantes a gobernador, diputados locales o miembros de ayuntamientos no cuenten con antecedentes penales ni hayan sido sancionados por actos que comprometan la integridad del servicio público.
UN “CANDADO” CONTRA EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y EL ABUSO DE PODER
Entre las conductas que quedarían automáticamente inhabilitadas para contender, se encuentran el cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, enriquecimiento oculto, tráfico de influencias, abuso de funciones y contratación indebida. Todos estos actos están contemplados en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado.
Según Gaona, el objetivo es que estos “candados constitucionales” no solo sancionen a los servidores públicos con multas o inhabilitaciones, sino que también los excluyan de manera directa de cualquier proceso electoral, impidiendo que la corrupción tenga representación en las boletas.
“La exclusión de tales pretensos candidatos es crucial para asegurar la integridad de las instituciones democráticas, proteger la confianza de los ciudadanos y promover la transparencia en el gobierno”, sostuvo la legisladora durante la presentación de su propuesta.
De aprobarse esta reforma, Baja California se sumaría a las entidades que han endurecido sus requisitos de elegibilidad como medida para frenar la impunidad política. La propuesta será turnada a comisiones para su análisis y eventual dictaminación.
UN DEBATE NECESARIO EN TIEMPOS DE DESCONFIANZA
La iniciativa llega en un momento de creciente exigencia social por perfiles limpios y procesos electorales más rigurosos. Aunque la medida podría generar controversia entre actores políticos, también abre la puerta a un debate de fondo: ¿deben los cargos públicos ser espacios blindados contra la reincidencia de malas prácticas?
Por ahora, la propuesta de Mayola Gaona invita a la reflexión sobre quiénes deben tener el derecho de representar a la ciudadanía y bajo qué condiciones éticas y legales.
