A comienzos de 2025, el gobierno de Donald Trump lanzó una estrategia migratoria intensiva, apoyada en medidas ejecutivas y operativos como “Operation Safeguard”, diseñados para llevar a cabo redadas simultáneas en grandes ciudades como Chicago, Boston, Denver y Los Ángeles. El objetivo declarado era detener a miles de inmigrantes indocumentados, priorizando a quienes supuestamente habían cometido delitos, aunque sin discriminar entre trabajadores y familias.
Un factor clave fue la eliminación de restricciones sobre lugares sensibles: desde marzo de 2025, ICE obtuvo luz verde para operar incluso en escuelas, hospitales, iglesias y bibliotecas, rompiendo barreras que antes protegían a migrantes vulnerables.
A esto se sumó la fijación de cuotas diarias de arresto —hasta 3.000 personas por día frente a un promedio anterior de 660 en los primeros días del segundo mandato de Trump— lo cual impulsó redadas en supermercados, parques y estacionamientos, con fuerte despliegue paramilitar.
Los Ángeles vive ya el cuarto día de protestas tras las redadas del ICE iniciadas el 6 de junio. La situación escaló cuando el presidente americano Donald Trump desplegó 2 000 miembros de la Guardia Nacional de California sin autorización del gobernador, además de mantener a los marines en alerta máxima.
Durante los disturbios se registraron enfrentamientos con gas lacrimógeno, balas de goma y granadas aturdidoras para dispersar a los manifestantes. Hasta ahora, más de 150 personas han sido arrestadas, incluidas voces sindicales que acompañaban los operativos.
La tensión institucional creció radicalmente: Trump sugirió arrestar al gobernador Gavin Newsom y a la alcaldesa Karen Bass, acusándolos de obstruir las operaciones federales. El gobernador respondió desafiando la amenaza, convocó una demanda inminente y advirtió que estas medidas son «un paso hacia el autoritarismo».
La fiscalía de California, liderada por Rob Bonta, presentó ya un recurso judicial contra la movilización federal de la Guardia Nacional, calificándola de ilegal y una violación a la soberanía estatal.
Desde la perspectiva comunitaria, la movilización ha provocado bloqueos viales, incidentes violentos —como vehículos incendiados, vandalismo y heridos del lado de policías— y un ambiente de miedo entre las comunidades migrantes, especialmente mexicanos.
UN POCO DE CONTEXTO PARA EL LECTOR
- Dónde y qué sucedió: protestas diarias en el centro de Los Ángeles contra redadas del ICE; disturbios y represión con gas y balas de goma.
- Medida extrema: despliegue federal de la Guardia Nacional ignorando al gobernador; marines en alerta; posible arresto de autoridades locales.
- Reacción estatal: Newsom y Bonta demandan al gobierno federal; califican acciones como inconstitucionales y amenazas a la democracia.
- Consecuencias: altísima tensión institucional; riesgos de escalada militar en territorios civiles; comunidades inmigrantes bajo presión.
Este episodio no es un incidente aislado – marca el uso de poder militar en una ciudad civil y el reto directo a la autoridad de gobiernos locales. Cuando un presidente contempla arrestar a un gobernador y federaliza tropas sin su aval, el mensaje es fuerte: cuestiona los límites del poder ejecutivo y pone en riesgo el equilibrio institucional y los derechos civiles.
Fotografías: Cortesía Agencias
