En sesión ordinaria del Congreso del Estado, la diputada Daylín García Ruvalcaba presentó un exhorto para atender lo que calificó como abandono institucional en materia de seguridad pública, al señalar que desde 2021 los municipios carecen de mecanismos directos para aplicar estrategias de prevención del delito.
La legisladora recordó que la desaparición de los fondos federales SUBSEMUN y FORTASEG dejó sin recursos específicos a los ayuntamientos, lo que –dijo– ha impactado en la protección de comunidades vulnerables. Subrayó que Baja California ocupa el segundo lugar nacional en homicidios, con más de 900 asesinatos registrados en lo que va del año.
García reconoció que el Gobierno Federal creó el Fondo para el Fortalecimiento Institucional de Seguridad Pública, aunque advirtió que este se transfiere directamente al Estado y no asegura estrategias de prevención a nivel municipal con enfoque territorial y participativo.
“Las policías municipales son nuestra primera línea de acción, nuestros primeros respondientes, y hoy no cuentan con lo necesario para cumplir su labor. Así difícilmente podrán implementar patrullajes de proximidad, redes comunitarias, programas escolares o acciones para jóvenes en situación de riesgo”, expuso durante su intervención.
El exhorto aprobado por la XXV Legislatura está dirigido a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y a las dependencias federales correspondientes, con el fin de que se diseñe y asigne un Fondo Nacional de Prevención del Delito que contemple criterios objetivos basados en la incidencia delictiva y la marginación social, además de mecanismos de evaluación ciudadana.
La propuesta también solicita a los ayuntamientos de Baja California que etiqueten dentro de sus presupuestos recursos específicos para programas de prevención como el patrullaje de proximidad, la recuperación de espacios públicos, redes vecinales, iluminación segura y campañas comunitarias.
