El Congreso del Estado aprobó una reforma al Código Penal de Baja California que incorpora la figura jurídica conocida como “halconeo”, con sanciones de hasta ocho años de prisión, multas y reparación del daño para quienes realicen labores de vigilancia o recopilación de información sobre instituciones de seguridad pública con fines delictivos.
El dictamen aprobado modifica el artículo 317 TER y fue impulsado por la Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, además de integrar propuestas del diputado Jorge Ramos Hernández. La Comisión de Justicia dictaminó favorablemente la iniciativa bajo el Dictamen No. 10.
De acuerdo con la reforma, se castigará a quienes instalen, utilicen o interfieran sistemas de videovigilancia en la vía pública o en inmuebles destinados a servicios públicos sin autorización legal y con el propósito de facilitar delitos o entorpecer funciones institucionales.
La norma contempla agravantes que podrían incrementar las penas hasta en una mitad, entre ellas el uso de menores de edad, la participación de servidores públicos o la utilización de vehículos que aparenten ser oficiales. También se sancionará la posesión de equipos destinados a interferir comunicaciones oficiales.
El decreto aclara que la colocación de cámaras en domicilios, negocios o industrias no será considerada delito, siempre que permanezcan dentro de los límites de la propiedad privada y no interfieran con sistemas públicos, con el fin de salvaguardar derechos humanos y privacidad.
La reforma entrará en vigor una vez que sea publicada en el Periódico Oficial del Estado.
