El Congreso del Estado aprobó reformar el artículo 317 TER del Código Penal para sancionar el “halconeo”. La figura comprende la vigilancia o recopilación de información sobre instituciones de seguridad con fines delictivos. La reforma prevé penas de tres a ocho años de prisión, además de multas y reparación del daño. El dictamen integró propuestas de la gobernadora Marina del Pilar Ávila y del diputado Jorge Ramos Hernández. El Pleno avaló el Dictamen 10 tras el visto bueno de la Comisión de Justicia.
El decreto sanciona a quien vigile, instale o interfiera sistemas de videovigilancia en vía pública o en inmuebles de servicios públicos sin autorización legal y con el fin de facilitar delitos o entorpecer funciones institucionales. La norma incluye agravantes que pueden aumentar la pena hasta la mitad. Entre ellas están el uso de menores, la participación de servidores públicos o el empleo de vehículos que simulen ser oficiales. También castiga la posesión de equipos que interfieran comunicaciones oficiales.
El Congreso precisó un punto clave para ciudadanía y comercios: no se considera delito la instalación de cámaras en domicilios, negocios o industrias siempre que estén dentro de la propiedad y no interfieran con sistemas públicos. El objetivo es no afectar herramientas privadas de protección ni derechos de privacidad y libertad de empresa. La entrada en vigor ocurrirá tras su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Autoridades estatales habían defendido esta reforma como una medida para cerrar espacios a redes delictivas que montan circuitos de cámaras con propósitos ilícitos. El Congreso difundió que el cambio se diseñó para fortalecer la seguridad pública y proteger a familias y sectores productivos en los municipios, incluido Ensenada, donde corporaciones han reforzado operativos preventivos ante denuncias por extorsión y amenazas.
Con el ajuste legal, la persecución de estas conductas tendrá tipificación expresa y parámetros de pena definidos. Las personas podrán seguir usando videovigilancia privada para la seguridad de sus inmuebles en apego a la ley. El Ejecutivo deberá promulgar el decreto y difundir lineamientos operativos para una aplicación homogénea entre policías y fiscalías.
Tras su publicación oficial, la reforma quedará vigente. El Poder Judicial aplicará los nuevos supuestos penales. Seguridad Ciudadana y las fiscalías actualizarán protocolos para identificar el “halconeo”, asegurar equipos y judicializar carpetas.
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