El Congreso de Baja California presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Fiscalía General del Estado, a la Secretaría General de Gobierno y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La petición busca acciones inmediatas para proteger a periodistas y trabajadores de medios, y evitar riesgos reales e inminentes derivados de su labor informativa. La propuesta llegó tras la agresión sufrida por el periodista Jorge Heras la mañana del martes 26 de agosto, afuera de su centro de trabajo, antes de la transmisión de “Ciudad Capital”.
La diputada Araceli Geraldo Núñez, presidenta de la Comisión de Comunicación Social y Relaciones Públicas, dio lectura al exhorto y subrayó que la libertad de expresión es un derecho que el Estado debe resguardar sin ambigüedades. Señaló que Morena respalda ese principio y pidió acciones contundentes contra quienes amenacen o ataquen a comunicadores. El llamado pone el foco en tres frentes: investigar, proteger y prevenir.
El documento dirigido a la FGE, encabezada por María Elena Andrade Ramírez, solicita investigar, localizar y detener a los responsables de la agresión contra Heras, y informar al Congreso sobre los avances. A la Secretaría General de Gobierno, a cargo de Alfredo Álvarez Cárdenas, le pide precisar medidas preventivas y urgentes de protección para el periodista, incluida la activación del Mecanismo Estatal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. A la Secretaría de Seguridad Ciudadana, dirigida por el general Laureano Carrillo Rodríguez, le pide colaborar en la protección del comunicador y en el esclarecimiento del caso.
Geraldo Núñez recordó que Baja California arrastra un historial de agresiones a periodistas. Mencionó casos emblemáticos que marcaron a la prensa local y nacional. Afirmó que en un estado de derecho no caben las agresiones ni la impunidad. Reiteró que la violencia contra periodistas es un ataque directo a la democracia y que las autoridades deben sancionar con severidad a quienes cometan estos delitos.
El exhorto plantea una ruta inmediata: protección para la víctima, coordinación interinstitucional y transparencia en los avances. El Congreso pidió evitar la revictimización y garantizar acompañamiento a trabajadores de medios que denuncien amenazas. La mesa legislativa ofreció seguimiento al caso y pidió informes periódicos a las dependencias involucradas. Con ello, el Poder Legislativo busca cerrar espacios a la violencia y reforzar la seguridad de quienes informan a la sociedad.
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