Con el propósito de facilitar que la ciudadanía acceda a la reparación de daños derivados del mal estado de la infraestructura pública o de decisiones administrativas de las autoridades, el diputado Diego Alejandro Lara Arregui presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Baja California.
El legislador explicó que la propuesta busca agilizar los procedimientos mediante los cuales los ciudadanos pueden solicitar una indemnización cuando resulten afectados por la actuación irregular de dependencias estatales o municipales.
Lara Arregui destacó que, aunque el derecho a la indemnización es un principio fundamental del Estado de Derecho, su ejercicio en Baja California se ha visto limitado por procesos burocráticos y costosos, entre ellos la exigencia de presentar un dictamen pericial obligatorio, requisito que ha representado un obstáculo para muchos afectados.
Como ejemplo, el diputado mencionó los daños ocasionados por baches en diversas ciudades del estado —como Tijuana, Mexicali, Ensenada y Tecate— donde automovilistas sufren averías en neumáticos y suspensiones a causa del deterioro de las vialidades.
“Es una problemática cotidiana que afecta la confianza ciudadana; los municipios generan el riesgo, pero pocas veces asumen la responsabilidad correspondiente”, apuntó.
La iniciativa propone eliminar el dictamen pericial como requisito de procedencia, manteniéndolo únicamente como prueba opcional. Además, plantea simplificar los requisitos de admisión, establecer plazos máximos para resolver reclamaciones y homologar los procedimientos en todos los municipios del estado.
“El propósito es construir un sistema de responsabilidad patrimonial más justo y accesible, donde la carga de la prueba no recaiga únicamente en el ciudadano y cada daño reciba una respuesta jurídica efectiva”, concluyó Lara Arregui.
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