TAPALPA, JALISCO — La Fiscalía General de la República (FGR) cometió una omisión histórica. Por consiguiente, la dependencia abandonó una escena del crimen fundamental. Este descuido ocurrió recientemente tras el operativo contra El Mencho en el estado de Jalisco.
La institución federal no resguardó un importante fraccionamiento ubicado en el municipio de Tapalpa. De hecho, los agentes federales dejaron las cabañas completamente desprotegidas. Posteriormente, la FGR justificó oficialmente esta polémica y criticada decisión. Según la fiscalía, el lugar no ofrecía las condiciones mínimas de seguridad. Por lo tanto, los mandos decidieron retirar rápidamente al personal ministerial y pericial de la zona de riesgo.
Contaminación de la escena y narconóminas
Ante la evidente falta de vigilancia policial, diversas personas civiles ingresaron libremente al inmueble asegurado. En consecuencia, la cadena de custodia legal quedó completamente rota. Ahora, la Fiscalía expresa una postura sumamente evasiva sobre la recolección de pruebas. La dependencia afirma que no puede determinar la veracidad de los objetos encontrados dentro de las propiedades. Específicamente, las autoridades dudan de los indicios que públicamente se han señalado en las redes sociales y medios.
Esta situación compromete gravemente la investigación oficial contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Precisamente, en esas cabañas desprotegidas se encontraron documentos sumamente comprometedores. Diversos reportes indican el hallazgo de las presuntas «narconóminas» de la organización criminal. Sin embargo, la FGR argumenta que no puede confirmar si esos papeles efectivamente se hallaban ahí desde el principio.
Un duro golpe a la justicia mexicana
Sin duda, este error técnico representa un enorme revés para la justicia mexicana. Frecuentemente, los jueces desestiman las pruebas cuando la escena del crimen sufre alteraciones externas. Por esta razón, el abandono del predio debilita drásticamente el caso legal contra el grupo delictivo. Además, este incidente expone la vulnerabilidad de las autoridades frente al poderío territorial del crimen organizado.
Las supuestas narconóminas contendrían listas detalladas de funcionarios públicos sobornados por el cártel. También, estos documentos revelarían las extensas redes de complicidad financiera de la estructura criminal. Finalmente, la opinión pública cuestiona duramente el actuar de las fuerzas federales. Resulta incomprensible abandonar un objetivo tan estratégico tras un despliegue militar de esa magnitud. Mientras tanto, el destino legal de estas evidencias permanece totalmente en el aire.
