El Gobierno de Baja California inició el proceso de licitación pública internacional para la planta desalinizadora de Playas de Rosarito el pasado 20 de marzo. Esta obra integra los 16 proyectos estratégicos del Plan Hídrico Nacional 2024-2030 (PHN) para resolver el desabasto en la zona costa.
El proyecto busca beneficiar a 994 mil habitantes mediante una inversión estimada de 11 mil 576 millones de pesos. La administración estatal pretende garantizar el suministro hídrico en la región suroeste de Tijuana y Rosarito a través de este esquema de obra pública.
La plataforma Proyectos México (PM) identifica la obra con el número de registro 0964. El diseño contempla la construcción de un primer módulo con capacidad de 2,200 litros por segundo (lps). Además, los trabajos incluyen una línea de conducción y un tanque de almacenamiento de grandes dimensiones.
El sistema de información actualizó los datos el 23 de marzo de 2026, confirmando que el proceso se encuentra en fase de concurso abierto. Por otra parte, el financiamiento y la ejecución se regirán bajo los lineamientos de la normativa federal vigente.
El calendario oficial establece fechas críticas para el desarrollo de la infraestructura durante el segundo trimestre del año. La recepción de propuestas técnicas y económicas ocurrirá el próximo 13 de abril de 2026. Posteriormente, las autoridades emitirán el fallo de la licitación el 27 de abril para seleccionar a la empresa constructora.
De cumplirse los plazos legales, el inicio de la ejecución de la obra está programado para el 5 de mayo de 2026. Este nuevo intento busca superar los obstáculos administrativos que frenaron el proyecto desde el año 2018.
Sin embargo, el desarrollo de la desaladora enfrenta retos técnicos y legales acumulados durante casi una década. Documentación previa indica que el plan original sufrió cancelaciones debido a diversos litigios y modificaciones en la Ley de Aguas.
Además, los encargados del proyecto deben resolver observaciones ambientales relacionadas con la ubicación de la toma de agua y el emisor. En noviembre de 2025, una licitación previa fue declarada desierta, lo que obligó a realizar ajustes en los costos y términos de referencia para este nuevo periodo.
Finalmente, especialistas y representantes ciudadanos mantienen la vigilancia sobre la transparencia del proceso ejecutivo final. El cumplimiento de los permisos municipales, estatales y federales resulta fundamental para evitar nuevas suspensiones en el cronograma de trabajo.
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