El Congreso de Baja California aprobó el Dictamen No. 143 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, mediante el cual se reforma la Ley de Ingresos del Municipio de San Quintín para permitir la exención de hasta el 100 por ciento de diversos derechos municipales relacionados con procesos de regularización territorial y vivienda social.
El dictamen fue aprobado durante sesión ordinaria de Pleno con 21 votos a favor y ninguno en contra. Al presentar el documento, la presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, diputada Julia Andrea González Quiroz, explicó que la medida busca facilitar los procesos de regularización vinculados al Plan de Justicia para Trabajadores Agrícolas de San Quintín.
La exención podrá aplicarse, de acuerdo con la naturaleza de cada trámite, a diversos derechos municipales, entre ellos la factibilidad de uso de suelo, el deslinde, verificación o revisión técnica catastral, así como la asignación de clave catastral urbana en nuevos fraccionamientos.
De acuerdo con el dictamen, la reforma busca atender problemáticas relacionadas con el rezago en la regularización patrimonial, infraestructura urbana y acceso a servicios esenciales, al reducir las cargas económicas que enfrentan las personas durante estos procesos.
La exención estará dirigida a personas residentes trabajadoras agrícolas y personas pertenecientes a pueblos originarios de San Quintín, cuyos predios se encuentren en proceso de regularización.
Para acceder al beneficio, deberán cumplirse determinadas condiciones. Entre ellas se establece que la superficie máxima del predio sea de 500 metros cuadrados, que su valor fiscal no exceda las 10 mil UMAS y que únicamente pueda regularizarse o titularse un predio por persona solicitante.
El dictamen señala que estos requisitos buscan focalizar el beneficio en sectores de la población que enfrentan condiciones de vulnerabilidad social y patrimonial relacionadas con la ocupación de predios en proceso de regularización.
La medida también se plantea como una herramienta para facilitar la incorporación formal de asentamientos al desarrollo urbano y disminuir las barreras económicas que pueden dificultar el acceso a servicios públicos y la regularización de la propiedad.
En el considerando noveno del dictamen se establece que la exención temporal de derechos municipales resulta congruente con el marco constitucional, debido a que contribuye a reducir obstáculos económicos asociados con la regularización de la tenencia de la tierra y la incorporación al desarrollo urbano.
La Comisión de Hacienda y Presupuesto consideró que estas acciones se relacionan con las condiciones necesarias para garantizar el derecho a una vivienda adecuada, reconocido en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Con la aprobación del dictamen, se busca facilitar los procesos de regularización para trabajadores agrícolas y personas pertenecientes a pueblos originarios de San Quintín que cumplan con los requisitos establecidos.
