La Sindicatura Procuradora del XXV Ayuntamiento de Tijuana mantiene dos investigaciones administrativas relacionadas con el actuar del funcionario municipal Erik Enrique Lazcano Portillo, por posibles irregularidades vinculadas con obras y trámites del desarrollo habitacional Up Town, ubicado en la zona de El Mirador de La Mesa.
La síndica procuradora, Teresita Balderas Beltrán, informó que ambos expedientes se relacionan con presuntas conductas de abuso de funciones, clasificadas como falta administrativa grave, y derivan de denuncias presentadas por particulares.
Uno de los procedimientos busca determinar si el funcionario actuó conforme a sus atribuciones al intervenir en un oficio relacionado con una sobreposición catastral, así como en señalamientos sobre elementos de la obra, entre ellos una alberca y otras amenidades del desarrollo.
El segundo expediente se refiere a una prórroga de licencia de construcción emitida el 8 de junio de 2026. La investigación analiza si la autorización se ajustó a los alcances de una resolución del Tribunal Unitario Contencioso Administrativo Municipal, relacionada con trabajos indispensables para estabilizar el terreno y construir o concluir un muro de contención.
De acuerdo con la información de la Sindicatura, dicha resolución no contemplaba una autorización general para continuar con el proyecto habitacional, construir viviendas, realizar obras de urbanización ni ejecutar movimientos de tierra adicionales distintos de los necesarios para estabilizar y contener el terreno.
Por ello, la investigación busca establecer si la prórroga otorgada permitió actividades que excedían lo autorizado y si se atendieron las disposiciones judiciales y las indicaciones de la Dirección de Protección Civil.
Dentro de uno de los procedimientos se solicitó como medida cautelar la suspensión temporal del servidor público señalado. La solicitud forma parte del proceso administrativo y no constituye, por sí misma, una determinación definitiva de responsabilidad.
La Sindicatura precisó que las investigaciones continúan para analizar las actuaciones atribuidas al funcionario y determinar lo que corresponda conforme a derecho. En los casos de presuntas faltas administrativas graves, el procedimiento contempla dar vista al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, autoridad competente para resolver conforme a sus atribuciones.
La existencia de las investigaciones no implica que el funcionario haya sido declarado responsable. La determinación dependerá de la valoración de las pruebas y de las resoluciones de las autoridades competentes.
