El presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, aclaró que el acuerdo aprobado por el Cabildo respecto al Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT) únicamente autoriza analizar alternativas para resolver el litigio con la empresa operadora, sin que exista hasta el momento un monto definido ni un convenio económico establecido.
El alcalde explicó que el procedimiento busca evaluar una posible salida al conflicto legal derivado del contrato celebrado en 2016 con la empresa operadora, cuya vigencia se extiende hasta 2046. Señaló que cualquier alternativa deberá considerar el impacto en las finanzas municipales y el interés de la ciudadanía.
De acuerdo con Burgueño Ruiz, la autorización de Cabildo permite buscar un convenio cuyo monto no exceda el 50 por ciento de la cantidad reclamada por la empresa en la demanda. La finalidad, indicó, es reducir el posible impacto económico para el Ayuntamiento ante el riesgo de una sentencia desfavorable.
El presidente municipal señaló que el asunto se originó en administraciones anteriores y que el gobierno actual está atendiendo los requerimientos relacionados con el caso. Añadió que se busca encontrar una solución que permita resolver la situación jurídica del sistema.
El conflicto también está relacionado con el proceso de transferencia del SITT al Gobierno de Baja California. En 2020, con la expedición de la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte, se creó el Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS), organismo estatal con atribuciones en materia de transporte público.
Como parte de las disposiciones transitorias de esa legislación, se estableció que el Ayuntamiento de Tijuana debía transferir el SITT al ámbito estatal, proceso que no se concretó dentro del plazo previsto.
Posteriormente, en mayo de 2026, la Secretaría de Gobierno Municipal recibió un oficio del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, en su calidad de cabeza de sector del IMOS, para solicitar el cumplimiento de esa disposición e iniciar los procedimientos correspondientes.
Burgueño Ruiz reiteró que el análisis de las alternativas continuará bajo criterios de responsabilidad financiera y que cualquier posible acuerdo deberá buscar una solución al litigio con el menor impacto posible para los recursos públicos municipales.
