Baja California contempla una inversión de 15 mil 616.8 millones de pesos en obras de abastecimiento, saneamiento y conducción de agua, como parte de la estrategia hídrica presentada por la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda en el marco de su Quinto Informe de Actividades.
El programa, desarrollado en coordinación con el Gobierno de México, busca ampliar las fuentes de suministro y fortalecer la infraestructura hidráulica, particularmente en la Zona Costa y el sur del estado, ante los desafíos relacionados con el cambio climático y la demanda del recurso.
Entre las medidas anunciadas destaca la entrega de títulos de concesión y asignación de agua a los municipios de Tijuana, Playas de Rosarito, Mexicali, Tecate y Ensenada. De acuerdo con la información estatal, este mecanismo brinda certeza jurídica sobre la disponibilidad del recurso y establece un esquema de gestión con vigencia de 30 años, mediante pagos directos a la Federación.
La inversión proyectada contempla recursos públicos federales y estatales, entre los que se incluye la construcción de la Planta Desaladora de Rosarito y las obras de conducción necesarias para fortalecer el suministro a hogares, hospitales, comercios e industrias.
En materia de infraestructura regional, se informó sobre una asignación de 3 mil millones de pesos para la recuperación integral del cauce del Río Tijuana, así como 681 millones de pesos para el Sistema de Alejamiento de Aguas Tratadas, proyecto vinculado con los acuerdos binacionales para el saneamiento de la región fronteriza.
Para San Quintín, el plan contempla más de mil 578 millones de pesos destinados a la construcción y rehabilitación de pozos, la ampliación de la desaladora Padre Kino y una nueva planta desaladora municipal.
En Playas de Rosarito se prevé la introducción de drenaje sanitario en Primo Tapia, mientras que en Tecate se reportó la modernización de la red de distribución mediante la puesta en marcha del Tanque Regulador Juárez, infraestructura que, según el Gobierno estatal, beneficia a más de 15 mil familias.
La gobernadora Marina del Pilar señaló que el acceso al agua potable y tratada es un derecho humano fundamental y sostuvo que los proyectos buscan fortalecer el abastecimiento y la seguridad hídrica para las próximas generaciones.
La estrategia reúne obras de suministro, saneamiento y distribución en distintos municipios, con financiamiento público de los gobiernos federal y estatal.
