La inversión acumulada entre el Gobierno de México y la administración estatal en Baja California alcanzará los 200 mil millones de pesos al cierre de 2026, de acuerdo con las proyecciones presentadas por el Gobierno del Estado. Los recursos se destinan a proyectos de infraestructura y programas en sectores como agua, movilidad, energía, educación, salud y vivienda.
La gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda atribuyó este monto a las gestiones realizadas ante la Federación y a la coordinación con los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Entre los proyectos de infraestructura hídrica destaca la Planta Desaladora de Playas de Rosarito, cuya construcción comenzó en septiembre de 2026 y contempla una inversión pública superior a los 15 mil 600 millones de pesos.
En materia de movilidad, el Viaducto Elevado de Tijuana abrió en su totalidad a la circulación en marzo de este año. La obra tiene una extensión de 11.4 kilómetros y recibió una inversión federal de 14 mil millones de pesos. Su recorrido conecta puntos como el Aeropuerto Internacional de Tijuana, la Garita de San Ysidro y Playas de Tijuana.
En el sector energético, durante junio fue inaugurada la Central de Ciclo Combinado González Ortega, en Mexicali, con una capacidad instalada de 653 megawatts. También se anunció un subsidio de mil 485 millones de pesos para las tarifas eléctricas de Mexicali y San Felipe, dirigido a más de un millón 370 mil personas durante la temporada de altas temperaturas.
En vivienda, el programa Vivienda para el Bienestar contempla más de 80 mil acciones habitacionales en la entidad. En educación superior, la Universidad Nacional Rosario Castellanos cuenta con una sede en Tijuana y tiene en desarrollo un nuevo plantel en Mexicali, con el propósito de ampliar la oferta universitaria.
La inversión también incluye infraestructura de salud, como el Hospital General Tijuana Zona Este, con capacidad de 60 camas, además de la ampliación de espacios de bachillerato y programas de apoyo educativo.
En San Quintín, el Plan de Justicia contempla acciones relacionadas con vivienda, servicios de salud, acceso al agua, electrificación y derechos laborales de las familias jornaleras. Entre los proyectos previstos se encuentra un hospital de 80 camas para ampliar la atención médica en el sur de Baja California.
El Gobierno estatal señaló que la coordinación con la Federación busca atender necesidades de infraestructura y servicios públicos, así como fortalecer las condiciones para el desarrollo de la entidad. La cifra de 200 mil millones de pesos corresponde a la inversión conjunta acumulada proyectada al cierre de 2026.
