Autoridades de los gobiernos federal y estatal firmaron un Convenio de Coordinación para la Regularización de la Tenencia de la Tierra en el Ejido Rojo Gómez y asentamientos aledaños, con el objetivo de avanzar en la certeza jurídica de los terrenos de alrededor de 15 mil familias que han esperado una solución durante más de tres décadas.
La firma fue encabezada por la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, con la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno y representantes de la sociedad civil.
La mandataria estatal señaló que el acuerdo busca dar seguridad jurídica al patrimonio de las familias y contribuir a que las próximas generaciones cuenten con mayor certidumbre sobre sus hogares. También reconoció la participación de los habitantes que han mantenido la exigencia de regularizar sus terrenos a lo largo de los años.
Por su parte, Víctor Rubén Guzmán Dagnino, director general del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), quien acudió en representación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), indicó que la atención de esta demanda fue una prioridad para el Gobierno de México. Explicó que el proceso contempla un régimen expropiatorio y señaló que el convenio será firmado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
El secretario general de Gobierno de Baja California, Juan José Pon Méndez, destacó que el acuerdo representa un avance para la regularización de los terrenos de representantes ejidales y ejidatarios, así como de habitantes de Lomas del Valle, Terrazas del Valle I y II, y La Morita I y II.
Con este proceso, las familias que adquirieron sus terrenos de buena fe podrán avanzar hacia la solución de una situación jurídica que ha permanecido sin resolverse durante décadas.
En el acto participaron representantes de la SEDATU, el Registro Agrario Nacional, la Procuraduría Agraria y el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE). También asistieron representantes de la Consejería Jurídica, la Secretaría de Hacienda, el Registro Público de la Propiedad y del Comercio y el Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda (INDIVI), además del alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz.
El convenio establece un mecanismo de coordinación entre autoridades federales y estatales para avanzar en la regularización de la tenencia de la tierra y atender una demanda histórica de las familias del Ejido Rojo Gómez y las comunidades cercanas.
