Residentes de Isla de Cedros denunciaron agresiones, allanamientos y robos presuntamente cometidos por elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) que arribaron recientemente a la comunidad. Los hechos, ocurridos en los últimos días, habrían incluido ingresos a viviendas “bajo el argumento de entregar folletos para denuncias anónimas”, además de amenazas y revisiones sin orden judicial, de acuerdo con testimonios recabados en la delegación insular.
Vecinas y vecinos señalaron que los uniformados tocaron puerta por puerta y, en algunos casos, entraron a los domicilios “sin autorización”. “Llegan con un papel informativo y aprovechan para intimidar”, relató un poblador que pidió omitir su nombre por seguridad. Otra residente afirmó que “no fue un caso aislado, sino varias casas” donde el personal ingresó sin mostrar mandamiento. La comunidad reprochó también la irrupción en un centro de atención a adicciones —identificado como Centro Caridad, Cedros—, donde habrían sustraído efectivo y amenazado a directivos y usuarios, según señaló el propio personal del lugar.
Por su parte, prestadores de servicios advirtieron impacto en la actividad turística de verano. Aseguran que los recorridos en hoteles “para realizar encuestas” han generado molestias a visitantes y que el clima de tensión ha reducido reservaciones. En tanto, comerciantes refieren “carestía de víveres” por presuntas restricciones a la embarcación que abastece desde Bahía Tortugas, lo que ha encarecido productos básicos. La población solicitó la intervención del delegado municipal para restablecer abasto y mediar ante autoridades federales.
La Ley prevé que cateos e inspecciones en domicilios requieren orden judicial, salvo casos de flagrancia o auxilio inmediato. Bajo ese marco, habitantes piden que cualquier operativo se apegue a derechos humanos y protocolos, con presencia de testigos y registro de actas. “Queremos seguridad, no abusos”, dijeron.
Al cierre de esta edición, no había posicionamiento oficial de la SEMAR sobre las acusaciones. Tampoco se informó de detenciones o aseguramientos derivados de un operativo específico en la isla. La autoridad competente deberá aclarar el objetivo de la presencia militar, investigar los señalamientos y, en su caso, determinar responsabilidades.
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