Empresarios de Coparmex Ensenada sostuvieron una mesa de trabajo con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) para afinar un frente común contra delitos de alto impacto, con énfasis en la extorsión. El encuentro sirvió para revisar resultados recientes, alinear rutas de denuncia y acordar mecanismos de seguimiento directo con el sector productivo.
El fiscal regional, Miguel Ángel Pérez Rojas, destacó que, por instrucción de la fiscal general Maria Elena Andrade Ramírez, la FGE mantiene comunicación permanente con cámaras y comités empresariales. Subrayó que las investigaciones han derivado en carpetas judicializadas y medidas cautelares como la prisión preventiva, lo que envía un mensaje claro a quienes intentan presionar a comercios y servicios.
Además, el equipo ministerial explicó los canales de denuncia y presentó el esquema Fiscal Enlace Contigo, pensado para acompañar a víctimas, agilizar trámites y proporcionar actualizaciones de cada caso. Así, las y los representantes empresariales conocieron pasos, tiempos y perfiles de contacto para escalar reportes sin atrasos.
Por su parte, el titular de la DSPM, Alejandro Monreal Noriega, informó que la corporación refuerza patrullajes focalizados y cruces de información con la Fiscalía, a fin de identificar patrones, horarios y zonas de riesgo. Con ello, dijo, se apunta la disuasión, la inteligencia operativa y la pronta respuesta ante llamadas de auxilio.
¿Qué se acordó durante la mesa?
Como acuerdos, se establecieron mesas de trabajo permanentes, intercambio sistemático de datos útiles para la prevención y retroalimentación oportuna sobre denuncias presentadas. Coparmex concentrará reportes de sus afiliados y compartirá mapas de incidencia, mientras que FGE y DSPM emitirán cortes periódicos de avance.
Las instituciones reiteraron que la participación ciudadana y la denuncia formal son claves para romper ciclos de impunidad. En conjunto, se comprometieron a proteger la actividad económica, blindar el empleo y fortalecer una cultura de legalidad que devuelva certidumbre a la comunidad.
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