El Congreso del Estado de Baja California aprobó una reforma constitucional para obligar a las autoridades a buscar a personas desaparecidas de forma permanente. La diputada Alejandrina Corral Quintero impulsó esta iniciativa durante la sesión legislativa en la capital del estado para fortalecer la protección de los derechos humanos.
Con esta medida, la localización de víctimas de desaparición forzada o privación ilegal de la libertad adquiere el máximo rango jurídico local. El objetivo central es garantizar que la búsqueda sea una responsabilidad institucional prioritaria e inalienable.
La modificación legislativa establece que la localización de ciudadanos no será una acción opcional de las dependencias gubernamentales. A partir de ahora, el Estado debe aplicar protocolos claros con un enfoque humano orientado a las víctimas y sus familias. Además, el dictamen aprobado exige que los organismos de seguridad y procuración de justicia actúen con prontitud, exhaustividad y transparencia.
Esta reforma pretende fortalecer los sistemas de registro y mejorar la comunicación efectiva entre las distintas instancias estatales de seguridad.
Organizaciones y colectivos de familiares de personas desaparecidas solicitaron históricamente este sustento legal para evitar negligencias o falta de interés institucional. Por su parte, la diputada Corral Quintero señaló que la reforma permitirá exigir responsabilidades claras cuando los funcionarios no actúen con la debida diligencia.
La nueva normativa obliga a mejorar las capacidades de investigación técnica de la Fiscalía General del Estado (FGE). También se busca optimizar la operación de la Comisión Local de Búsqueda de Personas en los siete municipios de la entidad.
Esta armonización legal facilitará que las fiscalías y corporaciones policiacas operen bajo mecanismos de actuación coordinada más rigurosos. Las autoridades deberán brindar acompañamiento integral, protección y asesoría jurídica a las familias afectadas por estos delitos de forma constante.
El Congreso del Estado notificará al Poder Ejecutivo para la publicación oficial de estos cambios en el Periódico Oficial del Estado. La autoridad competente continuará con las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de quienes permanecen en calidad de no localizados.
Fotografía: Cortesía
