Brasil.- La Policía Federal de Brasil desmanteló este martes una organización criminal integrada mayoritariamente por militares entrenados por las Fuerzas Especiales, quienes planeaban asesinar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a su vicepresidente Geraldo Alckmin, y al magistrado del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. El objetivo era impedir la toma de posesión de Lula tras su victoria en las elecciones de 2022 y restringir el funcionamiento del Poder Judicial.
El complot, denominado “Puñal verde y amarillo”, estaba programado para ejecutarse el 15 de diciembre de 2022, poco más de un mes después de que Lula y Alckmin resultaran electos con el 51% de los votos. Según las investigaciones, el plan detallaba los recursos humanos y militares necesarios para llevar a cabo los asesinatos, contando con un alto nivel de preparación técnico-militar.
Además, los conspiradores tenían previsto instaurar una “oficina de gestión de crisis institucional” integrada por los propios involucrados, lo que reveló un esquema diseñado para dar apariencia de legitimidad al golpe.
Alexandre de Moraes, uno de los objetivos del complot, lidera el proceso judicial contra los responsables del intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023, cuando simpatizantes de Jair Bolsonaro asaltaron las sedes del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
El secretario general de la Presidencia, Márcio Macêdo, condenó el complot y aseguró que Brasil no tolerará ataques contra la democracia:
“Agentes de Estado que actúan contra la democracia es cosa de bandido, de delincuentes”, afirmó.
Por su parte, el ministro de Comunicación, Paulo Pimenta, calificó el plan como una “acción concreta” que no se llevó a cabo por un mero detalle. Pimenta vinculó el complot con figuras del entorno cercano al expresidente Jair Bolsonaro, aportando nuevos elementos sobre la supuesta participación de personas de su gobierno en el intento de golpe.
La Policía Federal, a través de la “Operación Contragolpe”, ejecutó órdenes de prisión preventiva, allanamientos, incautaciones y medidas cautelares como la prohibición de salir del país. Los involucrados podrían enfrentar cargos por abolición violenta del estado democrático de derecho, golpe de Estado y organización criminal.
El caso subraya las tensiones persistentes en Brasil entre las instituciones democráticas y los sectores radicales que buscan desestabilizarlas.
