El Congreso del Estado de Baja California exhortó al presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, magistrado Alejandro Isaac Fragozo López, a incorporar a la brevedad al estado al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, como parte del cumplimiento a las reformas conocidas como Ley Sabina.
La iniciativa fue presentada por la diputada de Morena, Michel Sánchez Allende, quien destacó que esta omisión impide que las autoridades locales apliquen sanciones efectivas a deudores alimentarios y representa una forma de revictimización contra niñas, niños, adolescentes y madres jefas de familia.
“Esta falta de implementación afecta directamente a la niñez, adolescencia y a las madres que enfrentan abandono económico y emocional. La ley ya existe, pero si no se actualiza el sistema judicial local, se convierte en letra muerta”, subrayó la legisladora desde tribuna.
El Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias fue creado en mayo de 2023, mediante reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y está a cargo del Sistema Nacional DIF. Su objetivo es dar seguimiento a quienes incumplen con el pago de pensiones alimenticias, permitiendo además sanciones como restricciones para obtener pasaportes, licencias o acceder a cargos públicos.
En Baja California, la Ley Sabina fue implementada en abril de 2024 mediante reformas al Código Civil y a la Constitución local, donde se prohíbe que personas deudoras alimentarias accedan a cargos en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Ayuntamientos, organismos autónomos o el servicio público en general.
Hasta ahora, 26 estados del país ya comparten información al Registro Nacional, mientras que Baja California permanece rezagado.
“El cumplimiento de los derechos de la niñez no puede seguir posponiéndose por razones administrativas. Es urgente y es justo”, afirmó Michel Sánchez.
Con este exhorto, el Congreso del Estado busca que el Poder Judicial de Baja California agilice la incorporación técnica y legal al sistema nacional, garantizando así el principio del interés superior de la niñez y evitando que los deudores alimentarios continúen evadiendo su responsabilidad sin consecuencias.
