EXTORSIÓN PERSISTE EN ENSENADA; COPARMEX EXIGE RESULTADOS

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Ensenada advirtió que la extorsión sigue presente en el municipio y que la ciudadanía desconfía de denunciar por falta de respuesta y protección. El pronunciamiento, encabezado por su presidente Alberto Muñoz Avilez, ocurrió durante una conferencia.

El dirigente empresarial afirmó que continúan versiones de cierres de negocios vinculados a cobros y amenazas, así como llamadas para “exigir cuotas”. “La autoridad no ha generado la confianza suficiente para acudir a denunciar. La situación es delicada”, dijo. Según Coparmex, los mecanismos informados por instancias estatales no dan certeza de investigación ni garantías de seguridad para quien reporta.

Por su parte, el organismo criticó el manejo de la incidencia delictiva. “Se maquillan los números para mostrar disminuciones que no corresponden con la experiencia diaria de los bajacalifornianos”, señaló Muñoz Avilez. Agregó que, sin actuaciones claras y eficientes contra este delito, la ciudadanía teme represalias y evita formalizar la queja.

En el encuentro, las y los representantes empresariales pidieron al Gobierno del Estado y al Ayuntamiento instalar mesas con seguimiento público, protocolos de acompañamiento a víctimas y canales de denuncia con confidencialidad reforzada. También plantearon coordinación directa con la Fiscalía General del Estado (FGE) para investigar cobro de piso, extorsión telefónica y amenazas digitales.

Además, solicitaron operativos focalizados en corredores comerciales y rutas de abasto, así como inspecciones administrativas que inhiban prácticas de presión a establecimientos. En tanto, llamaron a cámaras y asociaciones a documentar cada caso con fecha, hora, medio de contacto y evidencia disponible para integrarla a las carpetas.

La Coparmex insistió en evitar la difusión de rumores que pongan en riesgo a personas servidoras públicas, víctimas o testigos. Recomendó a la población colgar de inmediato ante llamadas intimidatorias, no proporcionar datos personales o bancarios, y reportar al momento. La FGE determinará las líneas de investigación y, en su caso, la judicialización de los probables responsables.

Fotografía: El Vigía

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