El periodista Carlos Castro, de 26 años, director del portal Código Norte Veracruz y reportero de nota policiaca, fue asesinado a tiros la noche del 8 de enero dentro de un restaurante de la colonia Cazones, en el centro de Poza Rica. De acuerdo con reportes preliminares, hombres armados ingresaron al lugar y le dispararon frente a algunas personas con las que convivía. Paramedicos confirmaron su fallecimiento en el sitio.
El ataque ocurrió en un establecimiento de comida donde el comunicador se encontraba en compañía de familiares. Tras las detonaciones, los agresores escaparon del lugar, mientras corporaciones policiacas acordonaron la zona y personal pericial inició el levantamiento de indicios. Hasta el momento no se han reportado personas detenidas relacionadas con el caso.

TRAYECTORIA Y ANTECEDENTES DE CARLOS CASTRO
Carlos Castro dirigía Código Norte Veracruz, medio digital enfocado en seguridad, emergencias y hechos de violencia en la región. Organizaciones de defensa de la libertad de expresión han señalado que el reportero había recibido amenazas previas por su labor periodística y que, ante ese contexto, contaba con medidas de protección otorgadas por la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP).
Durante la conferencia de prensa matutina del Gobierno de México, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, confirmó que Castro estuvo incorporado al mecanismo estatal de protección en 2024. Explicó que las medidas se desactivaron cuando el periodista salió de Veracruz y no pidió su reactivación al regresar al estado.
EXIGENCIAS DE JUSTICIA
La Federación Internacional de Periodistas y redes nacionales de comunicadores condenaron el crimen y exigieron investigaciones exhaustivas que permitan esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. Recordaron que el homicidio de Castro se registra apenas a unos días de iniciado 2026 y lo ubican como el primer periodista asesinado en México en lo que va del año.
Autoridades federales informaron que existe coordinación entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General del Estado de Veracruz para el seguimiento del caso. Hasta ahora no se ha hecho pública ninguna línea de investigación específica, y las organizaciones civiles han pedido considerar de manera central el posible vínculo del crimen con su trabajo informativo.
Diversos colectivos de periodistas recordaron que Veracruz y México en su conjunto siguen entre las regiones más peligrosas del mundo para ejercer el periodismo, y reiteraron el llamado a revisar la operación de los mecanismos de protección, así como a combatir la impunidad en los ataques contra comunicadores.
Fotografía: Cortesía