En la colonia Ampliación Lomas de la delegación El Sauzal, el abogado Alfonso García Quiñones solicitó al Gobierno del Estado la expropiación de 61 lotes. Esta medida busca regularizar la situación legal de las familias asentadas sobre la avenida Puerto Mazatlán. García presentó la petición formal ante el Ejecutivo estatal para dar certeza jurídica a los posesionarios este mes de febrero.
Los residentes adquirieron los predios entre los años 2004 y 2011 a través de diversos organismos públicos descentralizados. Entre estas dependencias destacan la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra del Estado (Corette) y la Inmobiliaria del Estado. También participó el Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda (Indivi). A pesar de haber liquidado los pagos totales, los compradores nunca recibieron sus títulos de propiedad.
García Quiñones explicó que las dependencias vendedoras no eran las propietarias legales de la tierra en aquel momento. Diversos funcionarios estatales informaron recientemente que la titulación directa es imposible bajo el esquema actual. Incluso, algunas autoridades argumentaron que los terrenos carecen de un dueño registrado. Esta omisión administrativa mantuvo a las familias en la incertidumbre jurídica durante más de una década.
Antes de proponer la expropiación, el representante legal analizó otras vías jurídicas para obtener las escrituras. Sin embargo, García Quiñones descartó dichas opciones debido a su alto costo económico. El cumplimiento de otros procesos implicaría un pago millonario a la Secretaría de Hacienda. Esta carga financiera resulta inviable para los habitantes, quienes integran grupos de escasos recursos en la zona.
La propuesta se fundamenta en la Ley de Expropiación del Estado de Baja California (LEBC). El artículo XII de dicha legislación permite expropiar terrenos para regularizar la tenencia de la vivienda popular. Además, el artículo XIII contempla casos de predios sin propietario legítimo. Bajo este marco legal, el Estado tiene la facultad de intervenir para proteger el patrimonio de los ciudadanos afectados.
Finalmente, el abogado entregó el documento a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. El escrito detalla la problemática histórica y las fallas de las dependencias estatales previas. Los afectados esperan que la gobernadora emita el decreto expropiatorio para finalizar el proceso de titulación.
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