Cuando la maternidad se castiga: falta de empatía y perspectiva de género en La Rioja Residencial
Una escena cotidiana —una madre regresando del mandado con una carriola y tres hijos pequeños— terminó convertida en un acto de exposición, humillación y violencia institucional.
La mujer, ama de casa, recorre varias veces por semana aproximadamente 600 metros para realizar compras básicas. El trayecto de regreso es cuesta arriba, empinado, y físicamente extenuante cuando se empuja una carriola con tres menores y bolsas de supermercado. El acceso peatonal más cercano al mercado no cuenta con rampa, lo que vuelve ese recorrido aún más difícil y riesgoso.
Ante esa realidad, y como había ocurrido en múltiples ocasiones previas, la madre utilizó de manera excepcional el acceso vehicular del residencial para poder ingresar de forma segura. Durante años, el personal de seguridad había comprendido la situación y ofrecido apoyo básico, mostrando un mínimo de empatía ante una tarea que combina cuidado infantil, esfuerzo físico y logística diaria.
Eso cambió recientemente.
Con la llegada de una nueva empresa de seguridad privada, Corporativo Fansal Seguridad Privada, la mujer fue interceptada, increpada a gritos y tratada de forma denigrante por elementos de seguridad. Lejos de mostrar comprensión o buscar una solución, uno de los guardias le tomó fotografías sin consentimiento, captando también a los hijos menores de edad. Posteriormente, dichas imágenes fueron compartidas con la administración del residencial y difundidas públicamente acompañadas de mensajes que la señalaban como irresponsable y carente de respeto a las normas.
El mensaje fue claro: en lugar de diálogo, hubo exhibición.
En lugar de empatía, castigo.
En lugar de protección, señalamiento.
Este hecho va mucho más allá de una discusión sobre reglamentos internos. Se trata de una falta grave de perspectiva de género. Las tareas de cuidado —históricamente asumidas por mujeres— siguen siendo invisibilizadas y penalizadas. Empujar una carriola con varios hijos, subir pendientes pronunciadas, cargar mandado y velar por la seguridad de los menores no es una “falta”, es trabajo no remunerado que sostiene hogares y comunidades enteras.
También se trata de una ausencia alarmante de empatía por parte de quienes están contratados precisamente para brindar seguridad a los residentes. Fotografiar a una madre con sus hijos y exhibirla públicamente no previene accidentes ni fomenta convivencia; genera miedo, vergüenza y estigmatización.
Más grave aún es la vulneración del derecho a la privacidad de los menores, quienes fueron expuestos sin consentimiento en un contexto de reproche público. ¿Quién protege a los niños cuando quienes deberían hacerlo los convierten en parte de un “ejemplo” disciplinario?
Este caso abre preguntas incómodas pero necesarias:
• ¿Dónde queda la empatía cuando se aplican las reglas sin contexto?
• ¿Por qué la maternidad sigue siendo tratada como una molestia y no como una realidad social que exige ajustes razonables?
• ¿Es aceptable que una administración privada exhiba a residentes, y en especial a menores, para “dar ejemplo”?
• ¿Qué protocolos tienen las empresas de seguridad respecto a derechos humanos, género e infancia?
La convivencia comunitaria no se construye con amenazas ni con muros de escarnio. Se construye con diálogo, humanidad y soluciones reales: accesos adecuados, protocolos claros y personal capacitado para entender que aplicar una norma sin empatía también es una forma de violencia.
Hoy no se trata solo de una madre. Se trata de todas las mujeres que maternan, cuidan y sostienen la vida diaria, y que aún así son tratadas como si incomodaran por existir.
La pregunta final queda abierta para administradores, empresas de seguridad y autoridades:
¿Qué tipo de comunidad queremos ser cuando la maternidad se enfrenta a una pluma cerrada y a una cámara levantada?
