La diputada Araceli Geraldo presentó ante
el Pleno del Congreso del Estado un punto de acuerdo para exhortar a las
corporaciones municipales de seguridad pública a que instruyan a las y los agentes de
tránsito a informar de manera clara el sustento legal al momento de imponer una multa,
para que la ciudadanía conozca por qué son sancionadas y cuánto deben pagar.
La propuesta plantea que, al momento de levantar una infracción, los elementos
de policía muestren y expliquen el reglamento aplicable, señalando el artículo
específico, la fracción correspondiente y los factores considerados para determinar el
monto de la sanción, con el objetivo de fortalecer los principios de legalidad,
transparencia y seguridad jurídica.
En la exposición de motivos, la legisladora señaló que uno de los reclamos más
frecuentes de la ciudadanía es la falta de claridad respecto a los motivos y montos de
las multas de tránsito, situación que ha generado desconfianza y percepción de
arbitrariedad en la actuación de la autoridad.
“Muchos conductores manifiestan no haber sido informados sobre el artículo
específico que presuntamente infringieron ni sobre los criterios utilizados para calcular
el importe de la multa, lo que provoca incertidumbre y una sensación de indefensión
frente al ejercicio del poder sancionador”, indicó.
La transparencia en la imposición de multas no sólo protege los derechos de las
y los conductores, sino que también fortalece la legitimidad de la autoridad y fomenta
una cultura de respeto a la legalidad, al permitir que la ciudadanía conozca de manera
directa las normas que regulan la circulación vial.
En ese sentido, la exhibición del reglamento ayudaría a evitar abusos de
autoridad, ya que el agente de tránsito tiene que actuar con estricto apego a la norma
y la ciudadanía puede verificar la legalidad de la sanción impuesta, lo que fortalece la
rendición de cuentas y reduce la discrecionalidad en la aplicación de multas, para
promover un ejercicio más justo y equitativo de la función pública.
Esta medida contribuiría a la transparencia, la educación vial y al fortalecimiento
del Estado de derecho, beneficiando tanto a la ciudadanía como a las instituciones
encargadas de velar por el orden y la seguridad en la vía pública.
