Marcos Carlón, integrante del Colegio de Abogados de Ensenada (CAE), solicitó formalmente al Cabildo una revisión profunda al sistema de cálculo del impuesto predial. Esta petición busca ajustar los montos actuales dentro de la próxima Ley de Ingresos municipal para frenar el descontento ciudadano. El abogado argumentó que los aumentos acumulados en años recientes afectan gravemente la economía de los contribuyentes locales y generan una percepción de cobros excesivos.
Carlón señaló que el incremento en los recibos no solo deriva del valor fiscal de las propiedades. Según el litigante, la aplicación de diversas sobretasas ha elevado las cuentas a niveles que muchos ciudadanos consideran impagables.
Esta situación, advirtió el abogado, desincentiva el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Además, provoca que algunos propietarios opten por la morosidad al no contar con los recursos suficientes para cubrir las cantidades requeridas por el Ayuntamiento.
FUNCIONAMIENTO ACTUAL DEL COBRO DE PREDIAL
El esquema actual se basa en valores unitarios del suelo definidos por el Consejo Municipal de Catastro (COMUCI). Este órgano cuenta con la participación de especialistas en ingeniería y arquitectura para establecer las zonas de valor. Sin embargo, Carlón insistió en que el COMUCI debe presentar estudios técnicos verificables y consistentes que respalden cada variación. Para el abogado, el cálculo del impuesto no puede sostenerse en criterios ambiguos que impactan el patrimonio de las familias.
En su experiencia profesional, el integrante del CAE mencionó haber detectado diversas inconsistencias en los requerimientos de cobro entregados a la ciudadanía. Estas irregularidades han motivado el inicio de diversos litigios administrativos contra la autoridad municipal en meses recientes. Por ello, Carlón subrayó que es urgente revisar la forma en que se integran y justifican los cobros para evitar una saturación de juicios.
CAMBIOS SUGERIDOS
El planteamiento sugiere que la recaudación debe reflejar mejoras reales en los servicios públicos que recibe la comunidad. Carlón afirmó que los impuestos deben destinarse de forma transparente al mantenimiento urbano, infraestructura y seguridad. En su opinión, la discusión legislativa no debe centrarse únicamente en recaudar más dinero, sino en establecer parámetros que sean jurídicamente sólidos y socialmente justificables.
Finalmente, los abogados proponen abrir una mesa de trabajo con organismos técnicos antes de que se apruebe el siguiente paquete fiscal. Carlón espera que el Ayuntamiento de Ensenada integre criterios de especialistas para corregir las distorsiones actuales en el sistema. El objetivo primordial es evitar que el impuesto predial siga siendo un motivo de conflicto constante entre la autoridad y los propietarios de negocios y viviendas.
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