WASHINGTON, EE. UU. — Diversos gobiernos estatales impulsan medidas para prohibir el uso de agentes federales enmascarados. Por consiguiente, el gobernador demócrata de Washington, Bob Ferguson, firmará una ley restrictiva este jueves. Esta nueva normativa entrará en vigor de manera inmediata en todo el estado.
La iniciativa responde directamente a las recientes estrategias de seguridad del presidente Donald Trump. Durante estos operativos, múltiples agentes detuvieron a miles de personas ocultando sus rostros. Los críticos argumentan que el anonimato permite actuar de forma agresiva y con total impunidad. En consecuencia, legislaturas locales en Oregon y Virginia aprobaron proyectos de ley similares recientemente.
Ajustes legales y fallos constitucionales
Anteriormente, California promulgó la primera ley de esta naturaleza en el país. Sin embargo, un juez federal bloqueó temporalmente esta medida estatal durante el mes de febrero. El magistrado dictaminó que la prohibición discriminaba ilegalmente a los oficiales federales. Por lo tanto, este fallo representó una victoria judicial para la administración gubernamental central.
A pesar de este revés, los legisladores encontraron una nueva vía jurídica. La legislación de Washington ahora restringe las coberturas faciales para todos los niveles de seguridad. Es decir, la prohibición aplica equitativamente para agentes locales, estatales y federales. De esta forma, las autoridades estatales buscan evitar cualquier alegación de discriminación institucional futura.
Sanciones y la respuesta opositora
Las nuevas leyes contemplan mecanismos específicos para hacer cumplir estas restricciones. La medida de Washington permite a los ciudadanos demandar económicamente a los oficiales infractores. Por su parte, la normativa de Virginia clasifica las violaciones como delitos menores con multas económicas. Evidentemente, los textos legales incluyen excepciones lógicas para agentes encubiertos, equipos tácticos y motivos de salud.
Mientras tanto, los legisladores republicanos cuestionan duramente estas iniciativas demócratas. La oposición conservadora señala que las prohibiciones aplican para la policía pero no para los manifestantes. Según su perspectiva, estas leyes demonizan injustamente a las fuerzas de seguridad pública. Finalmente, el Departamento de Seguridad Nacional calificó estas medidas estatales como acciones irresponsables, temerarias y peligrosas.
