Con el propósito de fortalecer la inclusión, garantizar un trato digno y promover el respeto a los derechos de las personas con discapacidad, la diputada Daylín García Ruvalcaba presentó dos iniciativas de reforma en materia de educación y salud pública.
Las propuestas buscan actualizar el marco jurídico estatal para eliminar lenguaje discriminatorio y reforzar el enfoque de derechos humanos en la atención que reciben niñas, niños, adolescentes y personas adultas con discapacidad.
La primera iniciativa plantea modificaciones a la Ley de Educación del Estado, con el objetivo de fortalecer el derecho a una educación inclusiva y ampliar la capacitación de quienes forman parte de la comunidad escolar.
Durante la exposición de motivos, la legisladora señaló que la falta de capacitación docente, la ausencia de programas permanentes y la insuficiencia de recursos accesibles han contribuido a mantener barreras para la inclusión educativa, especialmente en zonas rurales y urbanas con mayores rezagos.
La propuesta contempla ampliar la responsabilidad de formación y sensibilización al personal docente, directivo, administrativo y a las familias, con el fin de generar entornos escolares más incluyentes para estudiantes con discapacidad, aptitudes sobresalientes, dificultades de aprendizaje o barreras para la participación.
La segunda iniciativa propone reformar los artículos 4, 7, 95, 96 y 147 de la Ley de Salud Pública del Estado para actualizar la terminología utilizada en la legislación y sustituir expresiones consideradas discriminatorias por el término «personas con discapacidad», en concordancia con estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
«Utilizar el término ‘personas con discapacidad’ es esencial porque respeta la dignidad y la humanidad de las personas, y evita reducirlas a su condición. El lenguaje importa: cuando la ley nombra con respeto, el Estado actúa con respeto», afirmó la diputada.
Con ambas iniciativas, la legisladora busca fortalecer la inclusión y garantizar que las políticas públicas en educación y salud respondan a un enfoque basado en el respeto a la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad.
