El Gobierno de Baja California informó que, como parte de la estrategia de seguridad implementada en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, se han retirado más de 8 mil armas de fuego de las calles mediante operativos, investigaciones y acciones enfocadas en combatir el tráfico ilegal de armamento.
La gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda destacó que estos resultados son producto del trabajo de inteligencia y de la coordinación para detectar rutas de ingreso de armas, interceptar cargamentos y reducir la capacidad operativa de los grupos delictivos.
De acuerdo con la mandataria estatal, durante la presente administración se han asegurado 8 mil armas de fuego, 8 mil 899 cargadores y 252 mil cartuchos, acciones que buscan disminuir los riesgos para la población y fortalecer la seguridad en los siete municipios del estado.
Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Laureano Carrillo Rodríguez, señaló que una parte importante de las armas aseguradas en México proviene de Estados Unidos, por lo que resaltó la importancia de mantener la coordinación entre ambos países para combatir el tráfico ilegal de armamento.
El funcionario indicó que, de acuerdo con información de autoridades estadounidenses, la cooperación binacional ha permitido el aseguramiento de 50 mil armas, 2.9 millones de cartuchos y la realización de más de 10 mil detenciones relacionadas con este delito.
Además de las acciones operativas, el Gobierno del Estado mantiene vigente el programa «Sí al Desarme, Sí a la Paz», mediante el cual la ciudadanía puede entregar armas de forma voluntaria, anónima y a cambio de un estímulo económico.
Entre 2025 y lo que va de 2026, a través de este programa se han recibido y destruido 532 armas, mientras que otras 2 mil 910 fueron inutilizadas bajo resguardo de la Secretaría de la Defensa Nacional.
El Gobierno de Baja California reiteró que continuará fortaleciendo la coordinación con autoridades federales, municipales y binacionales para combatir el tráfico ilícito de armas, promover el desarme voluntario y reforzar las acciones encaminadas a preservar la seguridad de las familias bajacalifornianas.
