El Gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), solicitó colaboración a México en torno a una investigación contra la diputada federal Hilda Araceli Brown Figueredo, exalcaldesa de Playas de Rosarito.
De acuerdo con el anuncio oficial, Brown fue incluida en una lista de sanciones financieras por presuntos vínculos con una fracción del cártel de Sinaloa, aunque hasta el momento las autoridades estadounidenses no han presentado pruebas públicas que respalden el señalamiento. Según la OFAC, la legisladora habría favorecido el ingreso de aliados del grupo delictivo en áreas clave del gobierno municipal durante su administración como alcaldesa.
En México, la diputada aseguró en redes sociales que sus cuentas bancarias no habían sido bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera y que incluso cruzó recientemente a San Diego; sin embargo, horas después sus perfiles fueron desactivados.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó en conferencia matutina que el Gobierno de México recibió la solicitud de cooperación, pero subrayó que no se entregaron pruebas suficientes que permitan suponer un vínculo comprobable de Brown con actividades ilícitas.
Durante su gestión municipal, la exalcaldesa enfrentó amenazas mediante mantas colocadas en la vía pública, además de hechos violentos como el homicidio de policías presuntamente ligados a grupos criminales, lo que incrementó la controversia en torno a su administración.
Por ahora, se desconoce si la legisladora solicitará licencia para atender el caso en el ámbito legal. El proceso podría aclararse en los próximos meses conforme avancen las investigaciones de las autoridades mexicanas y estadounidenses.