El Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE) advirtió que la inseguridad y la debilidad institucional en Baja California ya impactan la competitividad del estado, con base en el Índice de Competitividad Estatal 2025 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
El organismo señaló que el estudio registra una tasa de 28.2 delitos por cada mil habitantes y una cifra negra cercana al 89 por ciento. Desde la visión empresarial, ese contexto incrementa los costos de operación, eleva el riesgo para los negocios y complica la llegada de nuevas inversiones a municipios como Ensenada.
COMPETITIVIDAD, REGULACIÓN Y TRANSPARENCIA
Julio Salinas López, presidente del CCEE, indicó que los retos en seguridad se combinan con rezagos en mejora regulatoria y transparencia. Recordó que el Indicador Subnacional de Mejora Regulatoria coloca a Baja California en los últimos lugares del país y que el porcentaje de población que consulta finanzas públicas por internet sigue siendo bajo, lo que limita la vigilancia ciudadana sobre el ejercicio del gasto.
El dirigente puntualizó que, para el sector privado, estos factores se traducen en trámites más lentos, procesos poco claros y menor certidumbre para proyectos productivos. Agregó que la competitividad local no depende solo de la capacidad económica del estado, sino de la calidad de las políticas públicas y de su aplicación cotidiana.
AGENDA EMPRESARIAL 2026
Salinas López reconoció que el IMCO también identifica fortalezas relevantes para Baja California, como el peso de las exportaciones en la economía estatal, el alto nivel de acceso a internet en los hogares y la conectividad aérea. Consideró que estos elementos representan una oportunidad para Ensenada, siempre que se atiendan de forma puntual los riesgos vinculados con seguridad, regulación y gobernanza.
El CCEE planteó que, rumbo a 2026, los indicadores deben traducirse en una agenda de trabajo con metas medibles y seguimiento público. Entre los temas que propone priorizar se encuentran la reducción de la cifra negra, la simplificación de trámites clave para empresas y la instalación de mesas periódicas entre autoridades y sector productivo para revisar avances y hacer ajustes cuando sea necesario.
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